E.JUSTICIA PARA TODOS
Mariana Monroy Marín
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La justicia en México enfrenta uno de sus mayores desafíos; sin embargo, hablar de este tema y como las mujeres lo vivimos, representa un desafío aun mayor; por ejemplo, la respuesta tardía ante situaciones de violencia extrema, por ejemplo, cuando una mujer denuncia una agresión, el tiempo de reacción del sistema judicial puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, no obstante, el sistema de administración de justicia tiene en sus manos una herramienta que podría cambiarlo todo: “órdenes de protección digitales con ejecución inmediata”.
Esta alternativa es viable, tomando en consideración que recientemente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) implementó un programa piloto en el CEFERESO Femenil No. 16 en el Estado de Morelos, con el fin de agilizar las notificaciones y audiencias penales mediante el uso de tecnología lo que ha permitido reducir los tiempos de espera en procesos penales y ha demostrado que la digitalización puede optimizar el acceso a la justicia.
Ahora, imaginemos este sistema o uno similar aplicado a los casos de violencia de género, una plataforma digital que permita a las mujeres en riesgo obtener órdenes de protección de emergencia en minutos, no en días. La tecnología ya está disponible; lo que falta es la voluntad de implementarla con enfoque de género.
Actualmente, una mujer que sufre violencia y busca una orden de protección debe atravesar una serie de trámites burocráticos que pueden tardar hasta 72 horas en resolverse. En ese lapso, muchas han sido victimas de violencia extrema, incluso letal. La digitalización del proceso podría hacer la diferencia en los siguientes aspectos:
– Solicitud Electrónica en Tiempo Real: La víctima o una tercera persona podría solicitar la orden de protección a través de una aplicación móvil o portal web, sin necesidad de acudir físicamente.
– Evaluación Automática con IA: Algoritmos de inteligencia artificial analizarían el nivel de riesgo en función de la denuncia y los antecedentes registrados, determinando la urgencia del caso, como propuesta del funcionamiento de esta herramienta se deben considerar los siguientes elementos:
· Entrenamiento del Algoritmo: Se alimentaría de bases de datos judiciales, antecedentes de violencia, patrones de reincidencia y análisis de lenguaje natural en denuncias previas.
· Detección de Factores de Riesgo: Consideración de variables clave como historial de violencia del agresor, denuncias anteriores, acceso a armas, amenazas previas y factores de control económico o social sobre la víctima.
· Autoaprendizaje y Precisión: Mediante el uso de machine learning, el algoritmo mejoraría su precisión, ajustando su capacidad predictiva según los resultados de las órdenes emitidas y su efectividad en la prevención de violencia.
– Resolución en Minutos: En lugar de días, un juez que se encuentre de guardia con acceso remoto podría emitir la orden de protección en tiempo real.
– Notificación y Cumplimiento Digital: La orden sería enviada instantáneamente a la dependencia policial competente y a las unidades de protección especializadas, con monitoreo de cumplimiento a través de dispositivos electrónicos o geolocalización.
El impacto de una implementación de este tipo sería inmediato, lo que demuestra que casos como los de Ingrid Escamilla, Lesvy Berlín o Abril Pérez pudieron haberse prevenido si el sistema judicial hubiera reaccionado con la rapidez que la tecnología permite.
En 2023, México registró más de 3,000 feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, lo cual refleja 10 mujeres víctimas por día, muchos de los cuales ocurrieron tras múltiples denuncias ignoradas o procesos judiciales tardíos. Si el sistema de justicia en nuestro país ya ha demostrado que la digitalización puede reducir tiempos en el ámbito penal, no hay justificación para no aplicarla en la protección de las mujeres.
El Poder Judicial de la Federación ya fijo un precedente para agilizar los tiempos en los que se imparte justicia a través de la tecnología. Lo que lleva a realizar este análisis para que las autoridades a nivel estatal y local sigan la misma línea y opten por emitir órdenes de protección digitales, ya que está alternativa no solo reduciría tiempos burocráticos, sino que incluso podrían prevenir feminicidios en tiempo real, es momento de que la justicia para las mujeres reciba el mismo nivel de prioridad y urgencia.
La tecnología ya existe, el sistema judicial tiene la capacidad de implementarla, y las mujeres la necesitan, no hay excusas, una orden de protección que llega, pero lo hace tarde, no es justicia, pues puede llegar a ser una sentencia de muerte.